Para la consecución de esta meta, la cartera dirigida por Pilar Llop ha dedicado importantes esfuerzos en este año que concluye a sentar las bases de Justicia 2030, un ambicioso plan con un horizonte a diez años, que persigue configurar la Justicia como un servicio público orientado al bienestar en derechos; mejorar las condiciones profesionales y laborales de todas las personas que trabajan en el sector Justicia; y contribuir desde el ámbito de la Justicia a la transformación del país, haciendo lo posible para lograr una sociedad más democrática, igualitaria y cohesionada a nivel social y territorial.
La base de Justicia 2030 son tres leyes que ya están en marcha: la ley de eficiencia procesal y la ley de eficiencia organizativa, orientadas a dar respuesta a la necesidades organizativas, procesales y estructurales de la Administración de Justicia; y la ley de eficiencia digital, con la que se pretende establecer un marco jurídico que facilite y promueva la digitalización. Las dos primeras irán próximamente en segunda vuelta al Consejo de Ministros y, la tercera, ha sido aprobada en primera vuelta hace poco más de dos meses.
El Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia contempla la creación de tres figuras fundamentales para poner al día el ámbito de actuación de la Justicia: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en el municipio. Estas tres piezas de la nueva norma contribuirán a una gestión y organización más eficientes, y reducirán la brecha territorial, digital y ecológica, en línea con los objetivos marcados por el propio Gobierno.
La Oficina de Justicia en el municipio acercará a la ciudanía los servicios públicos, independientemente del lugar en el que habiten, con especial atención a mujeres víctimas de violencia, personas mayores -que necesitan un acompañamiento personalizado para realizar sus gestiones con la Justicia-, niños y jóvenes. Asimismo, los Tribunales de Instancia darán más flexibilidad a la planta judicial, para simplificar el acceso de la ciudadanía a la Justicia y para mejorarla en términos de especialización.
En cuanto al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal, contempla medidas para potenciar los medios adecuados de solución de controversias y, de esta forma, reducir el conflicto social y evitar la sobrecarga de los tribunales con medios que resulten satisfactorios para todas las partes implicadas, ahondando en la cohesión social.
Digitalización
Por su parte, la ley de eficiencia digital, promueve la digitalización, regulando los servicios tecnológicos accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital y orientando al dato los sistemas de Justicia.
La norma hará estructurales medidas como la celebración de vistas y actos procesales telemáticos, que se implantaron durante la pandemia y que después se han consolidado. En total son más de 700.000 los juicios telemáticos celebrados durante la pandemia, que han supuesto un ahorro estimado en desplazamientos de más de 14 millones de euros y han evitado la emisión de más de 6.825 toneladas de CO2.
Con este Anteproyecto, la Administración de Justicia española se sitúa entre los países pioneros en el empleo de las tecnologías de la información en la Unión Europea, poniendo el foco en la ciudadanía y estableciendo la obligación de las administraciones competentes en materia de Justicia de garantizar la prestación de un servicio público de Justicia de calidad por medios digitales en todo el territorio del Estado.
El texto está, además, en línea con la Carta de Derechos Digitales promovida por la Vicepresidencia Primera, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, junto con el Ministerio de Justicia.
Otras iniciativas legislativas
Otro de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Justicia es llevar a cabo la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), dando respuesta a la demanda histórica de superar el paradigma procesal penal decimonónico e implantar en España un modelo moderno y avanzado de proceso penal, reforzando el principio de imparcialidad judicial y el derecho de defensa, y armonizando nuestro modelo procesal con los más avanzados de nuestro entorno.
En este sentido, el Ministerio de Justicia ha creado un grupo interinstitucional que trabaja ya en las aportaciones al texto del anteproyecto, que se estima estarán listas a lo largo del primer trimestre de 2022. El citado grupo está integrado por representantes del Ministerio del Interior, el Consejo General del Poder Judicial, representantes de la Audiencia Nacional o de la Audiencia Provincial de Madrid, también a la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General de los Procuradores de España.
Asimismo, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha aprobado el pasado 21 de diciembre en segunda vuelta de Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal, una norma que sitúa España a la vanguardia de la reestructuración de empresas en el ámbito europeo.
Este proyecto normativo tiene como objetivo la transposición de la directiva europea de reestructuración e insolvencia, e introduce otras reformas en el ámbito concursal para disponer de instrumentos ágiles y eficaces que mejoren los procedimientos de insolvencia, faciliten el mantenimiento de empresas viables y refuercen el tejido productivo.
Esta reforma es una de las más importantes incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para favorecer e impulsar el crecimiento económico.
También en materia de trasposición de directivas, Justicia está impulsando el Anteproyecto de Ley para luchar contra el fraude digital y el Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas.
Además, con vistas a cumplir con el objetivo de mejorar las garantías del derecho a la tutela judicial efectiva, se está trabajando en el marco del Anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa, cuya pretensión es aunar en un único cuerpo legal todos los aspectos de este derecho fundamental, incorporando las novedades oportunas a la luz de la jurisprudencia y del ejercicio diario de la abogacía.
El Departamento que dirige Llop mantiene también líneas de trabajo prioritarias y transversales, centradas en la igualdad y en colocar al ciudadano en el centro de todas las actuaciones, con especial sensibilidad hacia las personas más vulnerables. Con ese fin trabaja, en colaboración con otros ministerios, para la aprobación de importantes normativas, como es el caso de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y que fue aprobada el pasado mes de mayo. Su participación también es relevante en la tramitación del Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, impulsada por el Ministerio de Igualdad.
Asimismo, el Ministerio de Justicia ha impulsado la reforma de las normas civiles y procesales para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, un texto aprobado en junio y que amplía derechos y da un gran salto hacia una sociedad más justa e igualitaria.
Con el propósito de una justicia más igualitaria, además, la cartera dirigida por Pilar Llop está trabajando en la creación de un sistema de becas dirigidas a acabar con las barreras de acceso para quienes realicen oposiciones a las carreras judicial y fiscal, al Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de Justicia y al Cuerpo de Abogados del Estado. A este fin se destinan 1,62 millones de euros en Presupuestos Generales de 2022.
Igualdad de género
En relación a la igualdad de género, un objetivo prioritario del actual equipo de Justicia, el Ministerio, junto con el CGPJ, ha reforzado la especialización de la planta judicial, creando más Juzgados de Violencia sobre la Mujer y extendiendo su jurisdicción a dos o más partidos judiciales, procurando guardar un equilibrio entre la proximidad razonable del juzgado respecto de la víctima y la Justicia especializada que se requiere en este tipo de procedimientos.
En la misma línea, se ha puesto especial atención en la coordinación entre el Sistema VioGen, las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las Fiscalías y las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, y se ha llevado a cabo el Nuevo Protocolo de Valoración Forense Urgente del Riesgo de Violencia de Género, aprobado por el Consejo Médico Forense en octubre del pasado año, entre otras medidas.
El Ministerio, a través del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), acaba de suscribir con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en representación del Ministerio de Igualdad, un convenio de colaboración para el desarrollo conjunto de actuaciones en materia de prevención y sensibilización en violencia contra las mujeres a través de la formación de operadores jurídicos, entre otras medidas que ya se están implantando.
Mejoras para los profesionales del sector
Otro puntal en la actuación del Ministerio es mejorar las condiciones de todas las personas que trabajan en el ámbito de Justicia. Así, con las nuevas leyes de eficiencia organizativa y eficiencia digital se les facilitará que puedan hacerlo de forma deslocalizada en sedes distintas a las que se encuentran adscritos como, por ejemplo, desde las Oficinas de Justicia en el Municipio.
Por su parte, la ley de eficiencia procesal introduce diferentes medidas para mejorar la conciliación de la vida personal y familiar de la abogacía, procura y graduadas y graduados sociales. Desde el Ministerio también se va a abordar la regulación de la baja por maternidad o paternidad como causa de suspensión del procedimiento, no sólo de determinados actos procesales como las vistas. También está prevista la inhabilidad a efectos procesales desde el 24 de diciembre al 6 de enero.
Con todas estas medidas, el Departamento de Justicia alinea sus objetivos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, que gira sobre cuatro ejes transversales: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y social, y la igualdad de género.
